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El Fiscal General de D.C. Schwalb Demanda a 5 Compañías de Construcción y Corredores Laborales por Esquema Generalizado de Clasificación Errónea de Trabajadores Ilegales

18 de junio de 2024


El Procurador General Brian L. Schwalb anunció que la Oficina del Procurador General ("OAG") presentó una demanda hoy, alegando que Whiting-Turner Contracting Company ("Whiting-Turner"), W.G./Welch Mechanical Contractors, LLC ("Welch") y tres corredores laborales, Mechanical Plumbing Crew, Co. ("MPC"), Ramirez Plumbing, Inc. ("Ramirez") y GINCO HVAC, LLC ("GINCO"), violaron las leyes de salarios y horas del Distrito, estafando a más de 370 trabajadores de D.C. salarios y beneficios.  La denuncia alega que Welch y los intermediarios laborales clasificaron erróneamente a los trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados en un esquema que resultó en una ganancia inesperada injusta para Whiting-Turner, uno de los principales contratistas generales de Welch.


Uno de los proyectos de más alto perfil de Welch es el desarrollo de uso mixto City Ridge en Wisconsin Avenue NW, que consta de 360,000 pies cuadrados de espacio comercial, incluido el primer Wegmans Food Market del Distrito y un edificio residencial de 690 unidades.  El desarrollador del proyecto, Roadside Development, seleccionó a Whiting-Turner como contratista general, quien a su vez ejecutó un subcontrato de $19 millones con Welch, quien a su vez subcontrató a los corredores laborales MPC, GINCO y Ramírez para proporcionar trabajadores de bajo costo y mal clasificados a Whiting-Turner para la construcción en City Ridge, alega OAG.


De manera similar, Welch ejecutó contratos para proporcionar servicios mecánicos por valor de más de $11 millones y $5 millones, respectivamente, en "40 Patterson" de Monument Realty en 40 Patterson St. NE, y "1000 South Capitol" de Lerner Residential en 1000 S. Capitol St. SE.  La demanda de la Procuraduría General alega que Welch recurrió nuevamente a subcontratistas de mano de obra, incluidos MPC y Ramírez, que proporcionaron trabajadores para uno o ambos proyectos.


Con esta demanda, la Procuraduría General busca la restitución y las sanciones de Welch y los otros cuatro acusados, y obligar a las cinco empresas a cumplir con la Ley de Fraude en el Lugar de Trabajo, la Ley de Revisión del Salario Mínimo y la Ley de Licencia por Enfermedad y Seguridad del Distrito.


"La industria de la construcción está repleta de contratistas no sindicalizados que contratan subcontratistas llamados corredores laborales para que actúen como intermediarios entre los trabajadores y las empresas de construcción", dijo Chuck Sewell, director de marketing de la Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa Metálica, Aéreos, Ferroviarios y de Transporte (SMART, por sus siglas en inglés) Local 100.  "Esto lleva a una difusión de la responsabilidad, donde ni el corredor ni la empresa constructora asumen toda la responsabilidad por las condiciones, los derechos y el bienestar de los trabajadores.  Los intermediarios laborales a menudo colocan a sus trabajadores en proyectos sin la capacitación suficiente, lo que pone en riesgo su seguridad y da como resultado una mano de obra de mala calidad.  Clasifican erróneamente a los trabajadores para evitar el pago de impuestos, seguro de compensación laboral y muchas otras cosas que la ley les exige pagar.  Estas medidas de reducción de costos permiten que los contratistas no sindicalizados ofrezcan menos que los contratistas sindicalizados, perjudicando a nuestros sindicatos de la construcción al erosionar la membresía, socavar la negociación colectiva, suprimir los salarios y amenazar la seguridad laboral.  Agradecemos a la Procuraduría General por trabajar para garantizar que la industria sea segura y justa para todos los contratistas y trabajadores en Washington, D.C., al abordar el uso ilegal de corredores laborales y malos contratistas".


La demanda está siendo manejada por el fiscal general adjunto Jude Nwaokobia y el jefe de la Sección de Derechos de los Trabajadores y Antifraude, Graham Lake.


Los trabajadores que creen que sus derechos han sido violados, o que han sufrido robo de salarios u otras violaciones de salarios y horas, pueden comunicarse con la Procuraduría General llamando al (202) 442-9828 o enviando un correo electrónico a workers@dc.gov o trabajadores@dc.gov.

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